El antejuicio como limitador de funciones

Abstract

Un tema importante para el Derecho Constitucional es el de la determinación de la responsabilidad de los altos funcionarios por parte del parlamento. Ineludiblemente polémica, esta materia siempre se ha encontrado en una tensa relación entre la necesidad de transparencia y control de las más altas tareas estatales y la exigencia del respeto a los derechos fundamentales de quienes, en razón de su labor, se encuentran muchas veces más expuestos. Estas consideraciones no son pacíficas desde el punto de vista doctrinario, así como tampoco en la configuración de cada ordenamiento jurídico particular. Radicales, las posiciones se sitúan desde la negativa a prever un tratamiento especial diferenciado hasta la postulación de un procedimiento especial parlamentario y discrecional que excluye toda posibilidad de control judicial. La función de control que pueda ejercer el parlamento ha tomado gran importancia. El control parlamentario de los actos de gobierno (en sentido lato) no debe entenderse, por cierto, como una sanción final al presunto responsable, sino como la garantía de una opinión pública libre, donde la ciudadanía conozca qué se está investigando, sobre qué asunto de interés relevante, y pueda después formar una adecuada y libre opinión pública.